La pérdida de un ser querido es un golpe devastador. Cuando ocurre por un accidente de tráfico, la ley española ofrece a los familiares perjudicados el derecho a una indemnización que, en principio, debería ser integral. Sin embargo, en el complejo proceso de reclamación por muerte en accidente de tráfico, existe una “letra pequeña” que puede reducir drásticamente el dinero a percibir: la culpa concurrente de la propia víctima.
Este factor es, a menudo, la herramienta de negociación más poderosa y silenciosa de las aseguradoras, transformando una indemnización completa en una fracción de lo esperado.
1. La Figura de la Culpa Concurrente
La culpa concurrente se da cuando el fallecido contribuyó, con su propia conducta negligente o imprudente, a la ocurrencia del accidente o a la agravación de sus consecuencias. Aunque la Ley 35/2015 establece el derecho a la indemnización, también permite modularla si se demuestra esta contribución de la víctima.
Ejemplos Comunes de Contribución al Daño (Culpa Concurrente):
- No uso de elementos de seguridad: No llevar puesto el cinturón de seguridad o el casco reglamentario.
- Infracción de normas de tráfico: Exceso de velocidad, cruzar la calzada de forma indebida como peatón, o manejar bajo los efectos del alcohol o drogas.
- Agravación de las lesiones: La víctima pudo haber sobrevivido o sufrido menos lesiones si hubiera cumplido con las normas de seguridad.
Si se demuestra la culpa concurrente, la indemnización que le correspondería a los familiares se reduce en un porcentaje proporcional a la responsabilidad de la víctima. Este descuento puede oscilar significativamente, a veces hasta un 50% o más, dependiendo de la interpretación de la imprudencia.
2. La Opacidad en la Asignación del Porcentaje de Culpa
El verdadero problema para los familiares radica en cómo se determina ese porcentaje y la falta de transparencia del proceso inicial:
- El Atestado Policial como Arma: La aseguradora del responsable del accidente basará su primera oferta en el atestado de la policía o la Guardia Civil. Si este informe sugiere un grado de imprudencia por parte del fallecido, la aseguradora aplicará inmediatamente la reducción.
- La Negociación a la Baja: El objetivo de la compañía es minimizar el desembolso. Por ello, es habitual que apliquen el máximo porcentaje de culpa concurrente posible, forzando a los familiares a aceptar una cifra muy inferior a la legalmente establecida si no cuentan con asesoramiento profesional.
- Falta de Recursos y Duelo: En el difícil momento del duelo, pocas familias tienen la serenidad o el conocimiento para cuestionar un informe oficial o la oferta de la aseguradora. La falta de acceso a un perito independiente o un abogado especialista termina consolidando la reducción.
3. La Necesidad de Rebatir la Versión Oficial
Para evitar que el “descuento silencioso” se lleve gran parte de la indemnización, es fundamental no aceptar la primera oferta y actuar con diligencia:
- Revisión Crítica del Atestado: Un abogado especializado debe analizar minuciosamente el atestado, buscando cualquier imprecisión o sesgo en la valoración de los hechos que pudiera rebajar la culpa asignada al fallecido.
- Pericial Independiente: En muchos casos, es indispensable contratar a un perito reconstructor de accidentes. Su informe técnico puede rebatir o mitigar la supuesta contribución de la víctima, demostrando que la causa principal fue la negligencia del otro conductor.
- Fuerza Jurisprudencial: La ley requiere que la prueba de la culpa concurrente sea rigurosa. Un abogado sabrá utilizar la jurisprudencia para defender que, aunque existiera una imprudencia menor por parte del fallecido, esta no fue determinante para el fatal desenlace, limitando así la reducción de la indemnización.
En conclusión, la indemnización por muerte en accidente de tráfico es un derecho de los perjudicados, pero su cuantía no es automática. Conocer la existencia de la culpa concurrente y cómo se utiliza es el primer paso para proteger la legítima compensación económica que corresponde a la familia. Nunca se debe dar por buena la primera versión o la primera oferta sin una evaluación legal independiente.