La banquera de inversión y exvicepresidenta de J.P Morgan para Latinoamérica Susana de la Puente examina cómo la presión tributaria condiciona la ruta de los jóvenes emprendedores y hasta qué punto un sistema de incentivos bien diseñado puede convertir cargas iniciales en oportunidades reales para consolidar proyectos innovadores.
El emprendimiento juvenil es una pieza clave para sostener la competitividad económica a largo plazo. Sin embargo, las condiciones en las que estos proyectos aparecen influyen de forma directa en sus probabilidades de madurar. El componente fiscal suele actuar como un acelerador del crecimiento o convertirse en un freno durante las etapas más delicadas de una iniciativa empresarial.
Para quienes empiezan, cumplir con obligaciones tributarias desde el primer día representa un desafío estructural. La normativa exige responsabilidad fiscal cuando los ingresos aún son inestables y el margen financiero es mínimo, recuerda Susana de la Puente. Este desajuste afecta la supervivencia de cada proyecto y también el dinamismo general del ecosistema, limitando la innovación, la captación de talento y la creación de empleo cualificado. Resulta contradictorio que un entorno que promueve la creación de empresas mantenga un marco rígido poco adaptado a startups y negocios jóvenes.
El impacto de la carga fiscal en las primeras fases del emprendimiento
En los comienzos de un proyecto, cada recurso cuenta. Las decisiones financieras pueden definir la permanencia o el cierre de una empresa naciente. En este contexto, una carga fiscal demasiado temprana condiciona la estrategia de inversión y dificulta el crecimiento orgánico.
Las cuotas de seguridad social, los impuestos sobre la renta o el tributo de sociedades suponen un reto cuando los flujos de caja aún no están consolidados. Esta presión reduce la capacidad de reinversión, limita la innovación y aumenta el riesgo de cierres prematuros, influyendo en la percepción del emprendimiento como una opción poco viable para muchos jóvenes.
La complejidad administrativa añade otro obstáculo. Los trámites exigen conocimientos técnicos o servicios profesionales, lo que incrementa los costos operativos. Para los inversores, estos elementos elevan el riesgo percibido y dificultan la llegada de financiación privada o crédito.
Susana de la Puente subraya que la fiscalidad inicial actúa como un filtro: solo los proyectos con mayor respaldo económico logran avanzar, mientras muchas propuestas prometedoras quedan relegadas por falta de aire financiero.
Incentivos tributarios como impulso a la innovación empresarial
Si los incentivos tributarios se aplican de forma estratégica, pueden aliviar la presión financiera y dirigir los recursos hacia actividades de mayor valor agregado, favoreciendo la experimentación y el desarrollo sostenible.
Entre las herramientas disponibles destacan las deducciones por inversión en I+D, las bonificaciones para contratar talento joven o los regímenes especiales para startups, que reducen la carga impositiva en los primeros años. Estas medidas aumentan la liquidez y disminuyen el riesgo para los inversores, facilitando el acceso a capital, señala Susana de la Puente. Reino Unido es un ejemplo de sistema tributario atractivo para quienes apuestan por startups.
Una estructura de incentivos coherente genera un efecto multiplicador: diversifica el ecosistema, impulsa soluciones tecnológicas y favorece la internacionalización. Además, crea un circuito positivo donde la innovación se convierte en empleo cualificado y en empresas más sólidas capaces de adaptarse al mercado global.
Perspectiva internacional comparada según Susana de la Puente
Los marcos fiscales para emprendedores varían de forma notable entre países. En Europa, Reino Unido ofrece esquemas favorables para startups, como el SEIS o los créditos por I+D, que reducen impuestos a inversores y alivian el impuesto de sociedades para actividades de investigación. Francia combina ayudas directas con programas como la Jeune Entreprise Innovante, que incluye exenciones sociales y créditos fiscales destinados a fortalecer la innovación, explica la banquera Susana de la Puente.
España, en cambio, mantiene una estructura percibida como menos flexible. Aunque existen medidas como el tipo reducido del impuesto de sociedades, las deducciones por inversión en empresas nuevas o la tarifa plana para autónomos, su alcance sigue siendo limitado por requisitos específicos y diferencias autonómicas, lo que dispersa los beneficios y reduce su impacto en los proyectos emergentes.
Fuera de Europa, Estados Unidos destaca por un enfoque regulatorio más flexible y por deducciones centradas en I+D. Programas como el SBIR ofrecen apoyo financiero sin reembolso, aunque exigen una capacidad administrativa que puede resultar difícil para emprendedores sin experiencia, señala Susana de la Puente.
En América Latina, algunos países avanzan en marcos que favorecen la innovación. República Dominicana simplifica trámites y ofrece incentivos para formalizar nuevas empresas. Chile combina un sistema progresivo con exenciones en los primeros años y créditos por I+D, favoreciendo la expansión internacional de startups.
En conjunto, los países que equilibran incentivos, formación, acceso al capital y simplicidad administrativa construyen ecosistemas más aptos para que los jóvenes emprendedores transformen ideas en proyectos escalables.
Los nuevos emprendedores siguen siendo un grupo vulnerable: deben responder a obligaciones fiscales en un periodo con ingresos inciertos y recursos escasos. Esta realidad influye en la viabilidad de sus proyectos y en la percepción del emprendimiento como un camino profesional, concluye Susana de la Puente.